Buenos Aires en situación de calle: Desalojos

Una investigación sobre la emergencia habitacional en la Capital Federal realizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a finales de 2007 indicó que 2300 familias tenían una condena efectiva en sus juicios de desalojos y, durante 2008, fueron expulsados de los terrenos, de los hoteles, de los edificios y de las casas donde residían. De esta manera, pasaron a formar parte de las otras 3657 familias que, sin llamar la atención de la dirigencia política, vienen engrosando la lista de personas en situación de calle desde 2001.
“El Estado local aborda la emergencia habitacional a través del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, que depende del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo de dicho programa es el de asistir -con un subsidio- a aquellos hogares que se encuentren en inminente situación de desamparo habitacional, o se hallen transitoriamente sin vivienda o refugio por causa de desalojo”, explican desde la defensoría. El programa prevé la entrega de dos mil setecientos pesos, en seis cuotas mensuales de cuatrocientos cincuenta pesos, a cada familia que acredite, con la sentencia judicial de desalojo, su situación de emergencia habitacional. Entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2007 la cantidad de dinero que el gobierno debió destinar a los solicitantes del plan aumentó en un 330 por ciento.
En las instalaciones de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA), primera fábrica sin patrón del país, el ex presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa reflexiona acerca de los planes: “Nadie ha articulado jamás políticas serias en materia habitacional con las organizaciones sociales ni con los vecinos porque la clase política responde solo a intereses económicos y negocios particulares. Existen alternativas para generar vivienda con poca plata, pero no lo hacen. El estado necesita que haya gente marginada. Nuestra dirigencia, lamentablemente, respeta al pie de la letra lo que dicta el poder mundial”.
Efectivamente. Tras la crisis de 2001 el mercado inmobiliario de la Capital Federal experimentó un gran crecimiento. Los inmuebles se volvieron el único lugar seguro en donde los argentinos que tuvieran ahorros podían colocar su dinero. Una perspectiva altamente especulativa, propia del sistema económico. En los años que siguieron a los estallidos del 20 y 21 de diciembre, la actividad de la construcción se desarrolló hasta alcanzar los niveles más altos de la década anterior.
Durante 2005, las nuevas obras cubrieron 2.160.872 metros cuadrados de toda la CABA. En su mayoría, todos fueron levantados en el Norte y Este de la ciudad, zonas que acumulan solamente el 10 por ciento de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, es decir, la décima parte de los estratos sociales más bajos. Por el contrario, en la zona sur de la capital, donde reside el 60 por ciento de las personas con NBI las cosas son diferentes. La Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC) del GCBA indica que allí la superficie construida se mantiene entre cero y 50 mil metros cuadrados. Además, remarcan que en Villa Lugano, Villa Soldati, Nueva Pompeya o La Boca la cantidad de permisos solicitados para vivienda nueva durante 2005 osciló entre cero y cien. Mientras tanto, en barrios como Belgrano, Villa Urquiza, Palermo, Caballito o Puerto Madero se superaron los 600 pedidos. Además, el informe realizado por la Defensoría del Pueblo advierte: “Sobre un total de quince mil ciento ochenta y nueve (15.189) permisos de construcción para viviendas nuevas solicitados en el año 2005, el 50% fueron para la construcción de viviendas lujosas y suntuosas. En tanto que, para la construcción de viviendas sencillas sólo se computa el 26% de los permisos solicitados” Entonces, se cae de maduro que los desalojos son un arma para dejar liberados determinados inmuebles al mercado inmobiliario, donde no rige ninguna otra premisa más que la oferta y la demanda.
La falta de una política habitacional esta estrechamente ligada al mercado inmobiliario. Entonces, el desalojo funciona como un arma que tiene a su favor el Estado, sea cual sea la cara o el nombre de la gestión. Ahora, ¿Desde dónde se acciona el gatillo? Desde los despachos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una de las dependencias a cargo del Ministro Juan Pablo Piccardo es la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Hasta marzo de este año fueron liderados por Fabián Jorge Rodríguez Simón, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Un hombre aparentemente separado del macrismo, que, según la oficina de prensa del Ministerio, es “difícil de encontrar”. Son un grupo de matones dependientes de la Jefatura de Gobierno porteño, que se creó el pasado 29 de octubre por el decreto 1232/08 y que trabaja en conjunto con la policía durante los desalojos. Este pseudo grupo de tareas, que por supuesto opera de civil, acumula cerca de 10 denuncias en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por golpear y amenazar con armas, durante la noche, a personas en situación de calle.



La impunidad con la que se desenvuelve la UCEP convenció a la diputada porteña Liliana Parada a presentar una denuncia contra Macri, Piccardo y las personas que integran la UCEP. La causa, radicada en la Fiscalía de Instrucción Nº 26 quedó caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas”. Tras las intimaciones de las diferentes organizaciones, la cúpula de dirigentes PRO explica que la UCEP trabaja con la persuasión y no con la violencia.



Murúa cuenta que más de una vez se enfrentaron a patotas políticas como la UCEP. De hecho, ahora, IMPA resiste una orden para abandonar el lugar. Adentro, sin embargo, las actividades continúan normalmente. Afuera de la fábrica, cuelgan banderas de apoyo a la lucha. Mientras toma mate con su esposa e hija en su despacho, Murúa habla de los desalojos: “Cualquier forma de organización que critique los símbolos de los gobiernos neoliberales va a ser atacada espacios como este promueven que la cooperación supere a la competencia, plantean la recuperación de la producción, crean puestos de trabajo. La discusión libre, eso es lo que molesta”, concluye.

Belisario Sangiorgio